PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN LA COMUNA TRECE DE MEDELLIN

Así dice el Señor: “Cuando termine su destierro, yo me ocuparé de ustedes y cumpliré la promesa de traerlos de nuevo a este lugar. Porque solo yo se muy bien lo que haré por ustedes; le quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza, palabra del Señor. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé; y cuando me busquen me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Entonces haré que me encuentren; volverán sus desterrados, que yo reuniré de todos los países y de todos los lugares adonde han ido. Y luego los haré volver de donde fueron desterrados, palabra del Señor. (Jeremías 29, 11-13)

Antecedentes
El sector Centro Occidental de la ciudad de Medellín ha sido particularmente golpeado por la violencia socio política en los últimos años. Por décadas sus pobladores han vivido en el más completo abandono por parte del Estado generando situaciones de extrema pobreza que afectan los derechos de cientos de pobladores y de familias. Solo a partir de que se da la presencia en el sector de grupos de milicias pertenecientes a grupos insurgentes, el gobierno nacional, encabezado por doctor Álvaro Uribe, decide hacer presencia por medio de la intervención militar. En el año 2002 ordena a la fuerza pública recuperar el control de la comuna mediante el desarrollo de las operaciones militares conocidas como “Mariscal”, “Antorcha” y “Orión”. Sin embargo durante y posterior a las mismas se logró establecer la comisión sistemática de una serie de crímenes de lesa humanidad, violaciones flagrantes al sistema internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la mayoría de los cuales comprometen la responsabilidad del ejército y la policía colombiana.

Como consecuencia directa de las operaciones, se fortaleció en el sector el proyecto paramilitar con la connivencia de la policía y el ejército, quienes por acción directa o por omisión activa permiten que se consolide una estrategia de control social, político, económico y cultural en los barrios mediante acciones de terror selectivo y generalizado contra la población, en especial contra los líderes y las organizaciones comunitarias. Dicha práctica ha incluido la utilización de los niños y las niñas en las acciones delictivas, prostitución infantil, además de incrementar el consumo y comercialización de las drogas de uso ilícito. Hoy, dicho control persiste y sus habitantes denuncian una guerra silenciosa y oculta que desde ningún punto de vista le ha dado seguridad ni tranquilidad a los pobladores.

Lo anterior generó en gran parte de la población de la comuna efectos individuales, familiares y colectivos producto de los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las torturas, las detenciones arbitrarias y la destrucción de viviendas, entre otras agresiones. Otra de las consecuencias ha sido el aumento de los niveles de pobreza, miseria, exclusión social y económica por la pérdida de trabajo, porque las víctimas eran quienes generaban ingresos y por la estigmatización de sus habitantes que hace que no puedan acceder a fuentes de empleo.

El proyecto:
Para hacerle frente a la situación descrita, un grupo de organizaciones de derechos humanos y comunidades religiosas de la Iglesia católica decidió articularse y, en un gesto humanitario de solidaridad, diseñar un plan de intervención para incidir en la recuperación del tejido social y apoyar psicológica y jurídicamente a las víctimas. Parte fundamental del acompañamiento cotidiano se centra en la obra social de las Misioneras de la Madre Laura quienes desde la casa ubicada en el mismo sector (barrio Belencito) reciben permanentemente a las víctimas para decidir el método de intervención en cada caso. También se realiza un acompañamiento directo en los barrios para brindar atención a las familias que han sufrido los efectos de la guerra.

Los objetivos centrales del proyecto consisten en el apoyo a las víctimas a nivel psicológico para enfrentar los efectos individuales y familiares; apoyo jurídico consistente en la orientación para que puedan acceder a la denuncia y exigibilidad de sus derechos frente al Estado; la realización de un inventario de daños ocasionados a las víctimas, de tal forma que puedan acceder al derecho a la reparación integral en el marco de lo que establece la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Además ha sido necesario fortalecer la formación de las víctimas en el tema de derechos humanos y derechos de las víctimas de la violencia sociopolítica.

El proceso de formación integral pretende generar nuevas relaciones familiares, productivas y comunitarias, pero a la vez es una formación que desde lo psicosocial y la memoria histórica permita la creación de espacios grupales que favorezcan la reconstrucción de falsos imaginarios sobre la mujer y lo femenino, redimensionen los valores y dignidad de la mujer y de las víctimas, además que sean concientes de su presencia y papel en la organización comunitaria y la lucha por sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Las víctimas:
El Grupo está conformado por cerca de cien mujeres que han sufrido graves violaciones a sus derechos. Son ellas las madres, esposas, hijas o hermanas de las personas asesinadas, desaparecidas, torturadas o privadas de la libertad. Las víctimas son señaladas de pertenecer o colaborar con los grupos guerrilleros o en otros casos de trata de jóvenes que se niegan a integrar los grupos paramilitares y por ello son agredido.
Las mujeres, en su mayoría madres, han enfrentado la pérdida de sus seres queridos, pero además enfrentan la realidad de constante agresión contra otros miembros de su familia. También son mujeres cabeza de hogar, adultas con dificultades para acceder a fuentes de empleo en la ciudad. Además los efectos psicosociales también les ha generado enfermedades físicas que menguan sus posibilidades de subsistencia en condiciones de dignidad.

Sin embargo, este grupo de mujeres ha decidido hacer de su dolor una herramienta pacífica de lucha y resistencia por la reivindicación de sus derechos. Mantienen la esperanza, la fe y la certeza de que es posible organizarse para luchar juntas por la verdad, la justicia y la reparación, entendiendo que la realidad de sus derechos es un paso hacía la construcción de una paz estable y duradera, donde nunca más se repitan crímenes como los que ellas han debido afrontar.

Riesgos:
La comuna trece de Medellín continúa siendo escenario de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares que mantienen el control y el accionar ilegal en el sector. Está situación dificulta los procesos de elaboración de duelo de las víctimas, pero además incrementa los riesgos de las mujeres que hacen parte del grupo y luchan por sus derechos ya que se mantiene una amenaza constante a la comunidad para que se abstenga de denunciar y divulgar los crímenes.

Durante el año 2006 y lo que va corrido del 2007 se han presentado hechos de violencia que han afectado directamente a personas y familias pertenecientes al grupo, tales como amenazas, desplazamientos forzados y golpizas a menores de edad, incrementando los miedos y efectos en general de las víctimas.

Lo anterior nos exige tener una estrategia de seguridad que parte del autocuidado, la denuncia y el acompañamiento por parte de la comunidad internacional. También hay una exigencia y una llamado permanente a las instituciones del Estado, principalmente los órganos de control, para que se brinde las garantías y protección de la vida y la integridad personal a las personas y familias que luchan por sus derechos.

Equipo acompañamiento a víctimas de la Comuna Trece
Medellín, Antioquia
25 de Junio de 2007
P. Tarcisio Gaitán, C.P.